El impacto de la enseñanza del Derecho sobre la administración de justicia
El sistema judicial está en crisis; sin embargo, dada la improvisación en las facultades de leyes y la escasa calidad de la enseñanza del derecho, lo peor está aun por venir
1. El estado de la justicia y el papel de los abogados
El grado de satisfacción del ciudadano peruano con la administración de justicia es muy bajo. Según datos de APOYO, en setiembre de 2003, 78% de entrevistados no confiaba en el Poder Judicial, mientras que sólo 15% decía confiar en él. Si se mira en perspectiva, el proceso es de caída pero no demasiado brusca: en 1993, los sondeos de la misma entidad encontraron un nivel de desconfianza de 72%. En una serie histórica construida por APOYO, el Poder Judicial no tiene, desde marzo de 2002, un nivel de aprobación que supere 25% de entrevistados y la tendencia hasta marzo de 2004 seguía siendo decreciente.
Para casi uno de cada cuatro (24.1%) encuestados por IMASEN en abril de 2004, el Poder Judicial era la institución que menos confianza les inspiraba.1 Pese a que la justicia en América Latina no tiene un alto grado de reconocimiento ni produce niveles importantes de satisfacción social, el caso peruano está entre los más graves. El Latinobarómetro midió en 2002 el nivel de confianza en el Poder Judicial; entre 17 países, el Perú ocupaba el puesto 14. Ese mismo año, el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad (CIMA) efectuó igual medición en 16 países: el Perú compartió con Argentina el último lugar. En este último sondeo también se midió la percepción social sobre la calidad de la justicia; las respuestas positivas dadas en el Perú situaron al país entre los cuatro últimos, al lado de Bolivia y ligeramente por encima de Ecuador y Guatemala(2).
"El Latinobarómetro midió en 2002 el nivel de confianza en el Poder Judicial; entre 17 países, el Perú ocupaba el puesto 14"
1.1. El “olvido” de los abogados en la percepción del problema
En la propia percepción social del problema, el desempeño de los abogados no aparece como un componente del problema de la justicia, que merezca preocupación. Por el contrario, parece existir un juicio social no enteramente negativo respecto del papel desempeñado por los abogados, según sugieren los resultados de una encuesta aplicada en Lima y Callao por IMASEN, en abril de 2004, que fue encargada por el Consorcio Justicia Viva como aporte al presente estudio (Anexo I).
"En la percepción social del problema, el desempeño de los abogados no aparece como un componente del problema de la justicia, que merezca preocupación"
Debe tenerse presente que un tercio de los entrevistados (32.7%) había tenido que recurrir en algún momento a un abogado y otro 15% tenía una persona cercana que lo había hecho. Asimismo, uno de cada cinco entrevistados había sido parte en un juicio (20.6%), mientras casi otro 15% tenía una persona cercana que lo había sido. Ambos datos identifican una muestra de entrevistados que contaban con cierta experiencia sobre el tema. A la pregunta de ¿Qué opinión le merece el trabajo de los abogados en el país?, las respuestas “favorable y muy favorable” representaban a casi uno de cada cinco entrevistados (19.8%), si bien ambas decrecían en los niveles sociales más altos (17.4%) y entre los de mayor edad (14.8%). Del otro lado, las respuestas “desfavorable” y “muy desfavorable” sumaron algo menos de la tercera parte de los encuestados (32.6%), mientras llamativamente alrededor de 40% no tenía opinión en uno o en otro sentido.
Cuando se preguntó a quienes habían sido parte en un juicio, a partir de tal experiencia, ¿qué opinión le mereció el trabajo hecho por sus abogados?, las respuestas positivas prevalecieron: 39.9% de las respuestas cayeron en los rubros “favorable” y “muy favorable”, mientras que 31.4% fueron a las categorías “desfavorable” y “muy desfavorable”. En la misma dirección, al ser preguntado el conjunto de los entrevistados si la intervención de un abogado facilita la solución de los problemas o los complica, casi la mitad de las respuestas (47.5%) se inclinó por la visión positiva mientras algo más de un tercio (37.5%) optó por la negativa.
Sin embargo, cuando se preguntó si el abogado piensa sobre todo en los intereses de su cliente o en los honorarios que podrá cobrarle, 71.6% indicó “los honorarios” y sólo 16.1% creyó que podría preferir los intereses de su cliente. Al preguntarse sólo a aquéllos que habían expresado una opinión desfavorable o muy desfavorable de los abogados, ¿Qué lo ha defraudado más de los abogados: su falta de capacidad profesional o el nivel de corrupción?, más de dos tercios (69.6%) mencionó la corrupción. Finalmente, en el conjunto de entrevistados, la mitad declaró creer que la justicia mejoraría si se robusteciera la calidad de los abogados; 44.3% se inclinó por la respuesta “depende más de otros factores”.
APOYO encontró, en 1993, que 65% de los entrevistados consideraba a los abogados como “poco” o “nada confiables”, que en ese mismo año dos tercios (68%) de los agraviados en un proceso judicial creía que los abogados alargaban la duración de los procesos, no imputando esta conducta a la falta de preparación. En octubre de 2003, la misma encuestadora constató que sólo 19% de los encuestados decía creer en la palabra de los abogados, mientras que 20% decía lo propio respecto de los jueces.
Pero los datos de IMASEN, antes citados, no parecen sugerir una generalizada percepción negativa del trabajo profesional de los abogados. Tanto en la percepción social del tema como en algunos de los muchos exámenes efectuados sobre él, ocurre una conversión mediante la cual la desaprobación del sistema de justicia equivale a la desaprobación del desempeño de jueces y fiscales. Se produce una especie de salto lógico que personifica el sistema en estos actores y no en otros participantes protagónicos: los abogados. Puede concluirse, en palabras de un abogado entrevistado para este estudio, que al examinar la temática de la justicia y criticar el producto que ofrece, “Nos hemos olvidado del abogado”.
Mirado desde el derecho, el olvido es injustificado. El abogado juega un papel clave –no sólo como “auxiliar” de la justicia, según un término de uso generalizado– sino como eje de su funcionamiento. En efecto, es el abogado quien, al recibir un caso, lo piensa y procesa jurídicamente, evalúa su relevancia y debe ofrecerle al cliente tanto las posibles conclusiones jurídicas derivables de los hechos como el consejo acerca de la vía a seguir: desde el desistimiento de todo intento de reclamar un derecho sin sustento hasta el camino de un proceso judicial para exigirlo, cuando así sea razonable y conveniente.
A menudo, el abogado es el primer escalón que pisa quien tiene que vérselas con la justicia. Trátese de un asunto penal, civil, comercial, familiar o laboral, es el abogado quien ubica el problema de su cliente en el marco normativo y le comunica –o debe comunicarle– sus posibilidades y alternativas. Eventualmente, y en buena medida dependiendo del consejo del abogado, el juez y el sistema de justicia vendrán después. Como se ha señalado, “Son los abogados y no los jueces los verdaderos ‘porteros de la ley’”(3).
"Ocurre una conversión mediante la cual la desaprobación del sistema de justicia equivale a la desaprobación del desempeño de jueces y fiscales. Pero, a menudo, el abogado es el primer escalón que pisa quien tiene que vérselas con la justicia"
De allí que, al examinar el desempeño de un sistema de justicia, sea indispensable detenerse y profundizar en el papel jugado por los abogados en él. A este efecto, y dado que no existen en el Perú estudios actualizados acerca del desempeño profesional(4), en este trabajo se recurrió a un conjunto de informantes calificados (Anexo F), en el que se combinó integrantes de las instituciones del sistema de justicia con abogados en ejercicio.
El cuadro emergente, que puede considerarse como hipótesis de trabajo, es el que se traza a continuación.
1.2. ¿Cómo se ejerce la profesión en el Perú de hoy?
Cuando se preguntó a este grupo de entrevistados enterados por su impresión general sobre los abogados en ejercicio hoy en el país, el término más frecuente en las respuestas fue el de una “deficiencia”, que se habría ido agravando en los últimos años. Sin embargo, la mayor parte de quienes respondieron se apresuraron a demarcar enseguida una clara diferenciación en el servicio profesional, que puede caracterizarse en torno a dos polos. De un lado, un sector mayoritario –entre 80 y 90%, se aventuraron a calcular algunos entrevistados– que es portador de las mayores deficiencias y, de otro, un sector minoritario, el cual sí “trae conocimientos técnicos”, según testimonió una jueza.
El primer sector viene a ser mayoritario en una doble dimensión. De una parte, es el más numeroso en el gremio; de otra, es el que está al alcance de la mayoría del país. Aunque dentro de él puede detectarse una gama de formas de ejercicio, existen ciertos rasgos que caracterizan a este sector: salvo excepciones, poseen conocimientos jurídicos débiles o insuficientes; para procurar sus ingresos, atienden muchos casos y prestan poca atención profesional a cada uno de ellos; carecen, en consecuencia, de una estrategia procesal para el caso en el que participan; están más atentos a complicar o frustrar el proceso, según el interés que defiendan, que a llevarlo adelante; a menudo, inflan las expectativas del cliente ofreciéndoles resultados jurídicamente improbables o acerca de los que no tienen certeza alguna; en suma, este sector profesional practica un ejercicio degradado de la profesión, que colinda con diversas formas de corrupción. Según algunos entrevistados, de este sector mayoritario en la profesión se está reclutando, salvo excepciones, a quienes ingresan actualmente como magistrados al Poder Judicial y al Ministerio Público, como canal de ascenso. Si se intenta establecer aproximadamente la gama de formas de ejercicio de este sector, debe distinguirse diversas situaciones. En las entrevistas surgieron tres principales:
(i) En primer lugar, quienes corresponden al perfil del miembro de la Asociación de Abogados Ambulantes (AAA); profesionales que ejercen su labor “al paso”. Pueden ser “abogados de puerta” –según la expresión recogida de un juez–, que asedian a quien, desorientado y temeroso, se acerca a un juzgado. O pueden ser abogados que, desde su estudio particular, intervienen de manera eventual en un proceso y carecen en consecuencia de un conocimiento acumulativo sobre el desarrollo del caso, puesto que no “lo siguen” sino que acaso aparecen sólo una vez durante todo el proceso. Ambos usualmente cobran por trámite o por recurso preparado. “Son abogados de coyuntura, antes que de proceso”, precisó un magistrado entrevistado. En particular, esta forma de ejercicio parece conectarse con un litigante que él mismo lleva el proceso y recurre, en el momento en que se requiere formalmente la intervención de letrado, a un abogado para la absolución de un trámite determinado. De la confianza que genere en este litigante la intervención de ese abogado dependerá que, en el siguiente momento procesal, vuelva a él o busque a otro.
(ii) Aquella porción de abogados que sí “tienen a su cargo” los casos encargados por sus clientes. Pero, en contraste con los abogados de los grandes estudios, dado que atienden a un sector de bajas posibilidades económicas, tienden a judicializar los conflictos que se les lleva –como forma de asegurarse un cliente durante todo el lapso del proceso– y aceptan un número excesivo de casos con el fin de lograr un total de ingresos aceptable. Como consecuencia, su conocimiento y la dedicación prestada a un caso particular resultan superficiales. Prevalecen la falta de responsabilidad y el descuido, prestándose atención al caso sólo en los momentos procesales indispensables. Paralelamente, se busca contentar al cliente mediante actuaciones que –como la queja presentada contra el juez– pueden no tener efecto alguno sobre el desenlace del proceso pero guardan las apariencias de una defensa. Un juez penal entrevistado concluyó respecto a estos abogados: “No sirven de nada al cliente. En cinco años de juez, habré recibido unas diez defensas buenas”.
(iii) Finalmente, una porción minoritaria dentro de este primer sector corresponde al de los gestores de la corrupción. Son abogados para efectos de presentación pero, desde el punto de vista de su actuación, no requieren conocimientos jurídicos. Sí saben a quién puede pagarse una coima para que haga o deje de hacer algo significativo en el proceso. En el extremo, indicaron algunos entrevistados, algunos abogados son simples intermediarios de jueces y fiscales corruptos que les comisionan ejercer la iniciativa de buscar a quien es parte en el proceso para ofrecerle una “solución” que le resulte conveniente. Prevalecen la falta de responsabilidad y el descuido, prestándose atención al caso sólo en los momentos procesales indispensables. De otra parte, el segundo sector de abogados fue distinguido por los entrevistados a partir de “diferencias abismales” con el primero, según indicó una jueza. Un magistrado subrayó que se trata de “un núcleo con muchos conocimientos”. Según algunos abogados entrevistados, integrantes ellos mismos de este sector, tienden a “manejar una cartera empresarial de clientes, facturan anualmente alrededor de 100 mil dólares por abogado en el estudio, proyectan una imagen externa de influencia y mantienen un perfil académico”. Este sector presta atención personalizada al cliente y cuenta con un equipo profesional que, en general, atiende con rigor y seriedad el caso, exhibe un alto nivel de éxito en el ejercicio de la profesión, y atrae y recluta a los mejores estudiantes de derecho. Usualmente, los abogados de este estrato alto provienen de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima, según anotó otro entrevistado, y entre sus miembros más jóvenes, tiende a prevalecer el requisito de haber realizado maestrías en el extranjero. Aunque algunos grandes estudios seleccionan a algunos de sus abogados en razón de su capacidad para establecer y activar relaciones personales e influencias, cierto nivel de calidad profesional es esperable en la mayoría de sus integrantes. La diferencia con el estrato bajo de la profesión, puntualizó un entrevistado, no se halla fundamentalmente en el origen social sino “en la formación que se recibió”.
El cuadro así trazado muestra una diferenciación profunda en el servicio profesional prestado por los abogados. De una parte, un pequeño grupo que atiende a los sectores de mayores recursos económicos –que son quienes pueden costear honorarios altos–, y que, en términos generales, presta un servicio eficiente; de otra, una masa de abogados que, en razón de una formación deficiente y/o de atender a una mayoría poblacional que sólo puede remunerar escasamente la labor, tiende a llevar los conflictos a sede judicial, recargando en ocasiones inútilmente este servicio público, y luego presta una atención deficiente, casi inútil, al proceso resultante.
De una parte, un pequeño grupo atiende a los sectores de mayores recursos económicos y, en términos generales, presta un servicio eficiente; de otra, una masa de abogados presta una atención deficiente, casi inútil, al proceso resultante.
Cuando se preguntó a los entrevistados si este panorama del desempeño profesional es resultado de un cambio ocurrido en los últimos años, unos pocos respondieron negativamente. La mayoría prefirió hablar de una situación con antiguas raíces que se ha deteriorado sensiblemente en tiempos recientes.
“Ha habido una involución”, apuntó un magistrado. Un abogado y docente entrevistado remarcó que se trata de “un cambio para peor”.
Varios entrevistados añadieron que la polarización entre estratos de abogados es relativamente reciente: “se hacen más claros a partir de 2000”, calculó un abogado.
Otro entrevistado apuntó que ha ocurrido tanto una expansión del estrato inferior cuanto un reforzamiento del superior y en este último “hay gente joven mejor preparada en litigio”.
“Ha mejorado la parte técnica; se estudia más”, corroboró una jueza, pero “se han marcado las diferencias entre universidades”, matizó otra. Un magistrado se refirió a que las “excepciones” a la mediocridad profesional predominante van en aumento “y provienen de las universidades privadas más importantes”.
En cuanto a las razones de los cambios producidos –en términos de menor calidad mayoritaria y mejor desempeño minoritario– los entrevistados apuntaron diversos factores. En general, “ha habido un deterioro significativo en la formación universitaria”, consignó un magistrado. Ese deterioro es correlativo al “incremento de los alumnos en las universidades particulares”, según un juez entrevistado. En este aspecto incidió una abogada: “Ahora, cualquiera puede abrir una universidad: es un negocio”. Otro abogado coincidió, al situar el inicio del cambio “desde que Fujimori abrió la posibilidad universitaria comercial”.
Y, en ese marco, un abogado del estrato alto, que también es docente, ubicó con precisión que “el problema del estrato inferior ha hecho eclosión en los años noventa, con el bachillerato automático”. En señalamiento paralelo, otro abogado en ejercicio apuntó a la generalización de “la corrupción como forma de ganar casos”. “¿Para qué estudiar entonces?”, se preguntó.

1 Idéele, no. 162, abril de 2004, p. 6.
2 Pedro Galindo, “Indicadores subjetivos. Estudios, calificaciones de riesgo y encuestas de percepción pública sobre los sistemas de justicia. Resultados recientes para las Américas”, en Sistemas Judiciales, año 3, no. 6, pp. 9, 12.
3 Paul Súmar Gilt, El cuerpo de la toga. Datos y apuntes para el estudio de abogados y abogacía, Asesores Empresariales, Cusco, 1997, p. 18.
4 Existen sólo dos estudios disponibles. El primero, de Lorenzo Zolezzi (La profesión de abogado en Lima (una aproximación empírica), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1982) trabaja sobre información recogida hace más de 25 años. El segundo, de Paul Súmar (El cuerpo de la toga. Datos y apuntes para el estudio de abogados y abogacía, Asesores Empresariales, Cusco, 1997) utiliza datos correspondientes a 1994.